El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha dado un paso más en el control autoritario de Nicaragua al subordinar el sistema judicial a la Policía Nacional, dirigida por Francisco Díaz, familiar cercano de la pareja presidencial. Una nueva circular exige que cualquier orden judicial relacionada con embargos y confiscaciones de propiedades debe ser autorizada por la jefatura policial, consolidando un mecanismo de represión contra opositores, según denuncian críticos y expertos en derecho. La medida, considerada inconstitucional, anula la capacidad de los tribunales para hacer cumplir sus fallos, violando el artículo 167 de la Constitución de Nicaragua que garantiza la independencia judicial.
La medida de control se enmarca en un proceso más amplio de dominación institucional. Poco después de la directriz policial, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, eliminó el sistema de concursos para el nombramiento de jueces, consolidando aún más la subordinación política del Poder Judicial al Ejecutivo. Expertos advierten que la Policía se ha convertido en un órgano político-administrativo, capaz de decidir la ejecución de órdenes judiciales según conveniencias políticas. Este cambio amenaza con instaurar un sistema de justicia selectiva, donde el cumplimiento de mandatos legales dependerá de intereses y alianzas con el poder, debilitando aún más el estado de derecho en Nicaragua.
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