La reciente actuación policial en un intento de desahucio en el centro de Granada ha generado una notable controversia entre diversos colectivos y organizaciones sociales, que han denunciado la intervención de los agentes. El evento, que tuvo lugar el 21 de enero, involucró a una empresa dedicada a desalojos extrajudiciales, contratada para expulsar a más de una docena de personas que ocupaban ilegalmente un edificio en la calle Azacayas. Los denunciantes afirman que tanto la empresa como la actuación policial operaron al margen de la ley, especialmente durante el enfrentamiento con los manifestantes que se congregaron en apoyo de los okupas. Dichos colectivos exigen la dimisión del subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, y la ilegalización de las empresas de desalojos extrajudiciales, acusadas de violar derechos fundamentales.
La tensión escaló cuando el control de la situación recayó en los vigilantes y los miembros de la empresa AMA Desokupa, tras la retirada inicial de los agentes policiales. A pesar de los esfuerzos pacíficos iniciales, la confrontación degeneró en empujones y golpes, culminando con la intervención de la Unidad de Intervención Policial y dejando varios heridos leves y un detenido. Esta actuación, según los denunciantes, fue facilitada por una supuesta colaboración entre la policía y la empresa de desalojo, en lo que describen como un intento de «agravar el procedimiento» contra el detenido. Finalmente, tras prolongadas negociaciones, se alcanzó un acuerdo para que los okupas desalojaran el edificio en un plazo de dos meses, aunque el conflicto ha dejado un profundo malestar en la comunidad.
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