Un nuevo desafío legal emerge contra las políticas migratorias de la administración de Donald Trump. Tres organizaciones defensoras de los derechos humanos han interpuesto una demanda en Washington D.C., buscando detener las deportaciones de inmigrantes indocumentados de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití que habían sido beneficiarios del parole humanitario. La administración republicana ha revocado estos permisos, instando a los afectados a abandonar el país para evitar ser deportados a partir de abril. La Coalición de Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) de California, UndocuBlack y CASA, Inc., que cuenta con más de 173.000 miembros en 46 estados, lideran esta demanda alegando que el proceso de expulsión acelerada es ilegal y carece del debido proceso. “Esta es una peligrosa amenaza a nuestra democracia», declara Patrick Lawrence de UndocuBlack, subrayando las acusaciones de racismo implícitas en la acción gubernamental.
Estas acciones legales forman parte de una serie de demandas solicitadas para enfrentar las medidas de la administración Trump que buscan acelerar las deportaciones. Los detractores argumentan que el uso de la expulsión acelerada debería excluir a beneficiarios del parole humanitario, una figura establecida desde la presidencia de Dwight Eisenhower para situaciones específicas. En el pasado, este programa ha sido utilizado por diversas administraciones, tanto demócratas como republicanas, para otorgar refugio a grupos necesitados, como fue el caso de los ucranianos durante la presidencia de Joe Biden. Sin embargo, la reciente decisión de revocar estos permisos por parte de Trump no solo amenaza con romper esos precedentes históricos, sino también con criminalizar a quienes habían buscado legalizar su estatus a través de vías gubernamentales.
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