El 13 de octubre, miles de madrileños se congregaron en una manifestación que se convirtió en un grito colectivo por el derecho a una vivienda asequible. La coalición de colectivos que organizó la marcha dejó clara la urgencia de abordar la creciente crisis habitacional en la Comunidad de Madrid, destacando la necesidad de un cambio drástico en las políticas de vivienda del gobierno regional.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido objeto de críticas por su evasiva postura ante los problemas habitacionales. Su negativa a declarar ciertas áreas como “zonas tensionadas”, lo que permitiría regular los precios del alquiler, junto con la venta de viviendas públicas a fondos de inversión, son vistas por los manifestantes como acciones que agravan la situación. Además, el incremento de pisos turísticos ilegales y la desclasificación de viviendas protegidas han generado una oferta residencial inalcanzable para las clases trabajadoras.
Zonas específicas como San Fernando de Henares y la Cañada Real simbolizan esta falta de acción gubernamental. En San Fernando, los daños causados por la línea 7B del Metro han dejado a sus residentes en una situación crítica, mientras que en la Cañada Real, miles de familias sufren la privación de electricidad desde hace cuatro años. Estas áreas destacan por la escasa respuesta de los mandatarios locales y regionales, que no han abordado las necesidades básicas de sus habitantes.
La crítica no se limita al gobierno autonómico. Muchos ayuntamientos, incluido el de Madrid, son señalados por su pasividad. Siguen apostando por el urbanismo como fuente de ingresos, favoreciendo proyectos para grandes inversores, en lugar de impulsar políticas de vivienda accesible y sostenible.
Por su parte, el Gobierno central ha introducido programas de ayuda al alquiler, como el bono joven, que los colectivos consideran insuficientes. Señalan que estas medidas suelen beneficiar más a los grandes propietarios, que aumentan los precios ante una demanda creciente. Proponen, en cambio, la creación de un parque de viviendas públicas que ayude a reducir los alquileres de manera estructural.
Durante la manifestación, los organizadores presentaron un decálogo de demandas que insiste en regular los alquileres, cerrar los pisos turísticos ilegales y asegurar servicios básicos como la electricidad en la Cañada Real. Destacan también la necesidad de reparar los daños en áreas afectadas como San Fernando de Henares.
En una asamblea posterior, realizada el 22 de octubre, los colectivos reafirmaron su compromiso de continuar con las protestas. Están decididos a seguir movilizando a la ciudadanía de Madrid, resaltando que el derecho a la vivienda debe prevalecer sobre los intereses económicos. «Madrid necesita soluciones, no excusas», proclaman, subrayando que sin presión popular, los cambios necesarios para dignificar el acceso a la vivienda seguirán siendo esquivos. Con la promesa de más movilizaciones en camino, los colectivos esperan que su lucha inspire un cambio sostenible y justo en la política habitacional de la comunidad.
Fuente: UGT Madrid
