Un reciente escándalo involucra a la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, tras revelarse el uso de una aplicación de reconocimiento facial llamada Mobile Fortify. Esta tecnología ha sido fuertemente criticada por una coalición de organizaciones de derechos civiles, quienes aseguran que su aplicación vulnera los derechos de migrantes y ciudadanos estadounidenses.
Entre las organizaciones que han levantado su voz se encuentran la Electronic Frontier Foundation (EFF), Asian Americans Advancing Justice y el Project on Government Oversight. Han solicitado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que se detenga el uso de Mobile Fortify, mientras exigen transparencia en los análisis de privacidad relacionados con esta herramienta y claridad sobre las políticas de ICE respecto al reconocimiento facial.
La organización EPIC ha señalado las prácticas riesgosas de ICE y la falta de consentimiento para los individuos escaneados, subrayando que agentes de ICE podrían utilizar resultados del reconocimiento facial como determinante final del estado migratorio, aun frente a pruebas contradictorias. Esta situación ha llevado a reportes de ciudadanos estadounidenses erróneamente considerados para deportación con base en confirmaciones biométricas incorrectas.
Mobile Fortify opera sin consentimiento y accede a numerosas bases de datos gubernamentales. Existen preocupaciones sobre el uso de esta tecnología para identificar y posiblemente perseguir a manifestantes, en actividades protegidas por la Primera Enmienda. A pesar de estos riesgos, ICE mantiene que no era necesaria una nueva Evaluación de Impacto en la Privacidad, un procedimiento habitual para tecnologías gubernamentales que recopilan datos personales.
La EFF ha seguido de cerca estas tecnologías por años. En 2013, la organización ya había advertido sobre el uso de dispositivos con reconocimiento facial por parte de agencias de ley. En 2019, contribuyó a la aprobación de una ley que prohibió temporalmente la recolección de datos biométricos mediante dispositivos móviles, lo que llevó a la suspensión de un programa similar.
Las organizaciones de derechos civiles han reiterado su determinación de combatir el uso de tecnologías de reconocimiento facial por agencias de inmigración, reafirmando su compromiso con la privacidad y derechos de todos los individuos.
