La situación diplomática entre Perú y México ha alcanzado un punto crítico tras la decisión del Poder Judicial peruano de imponer prisión preventiva y una orden de captura internacional contra Betssy Chávez, ex primera ministra de Pedro Castillo, acusada de ser partícipe en el fallido autogolpe del 7 de diciembre de 2022. Chávez se encuentra refugiada en la embajada de México en Lima desde el 2 de noviembre, luego de que el gobierno mexicano le otorgara asilo diplomático. Esta acción ha provocado la ruptura oficial de las relaciones diplomáticas entre ambos países, un hecho sin precedentes en sus 200 años de historia diplomática bilateral, intensificándose las tensiones ya existentes desde que México ofreciera asilo a la familia de Castillo.
En medio de este clima de confrontación, Perú ha adoptado diversas medidas, incluyendo la declaración de personas no gratas a líderes mexicanos y la expulsión de la encargada de negocios mexicana, Karla Ornelas. El gobierno peruano insiste en que Chávez no es una perseguida política y ha decidido someter el asunto a consulta con la Organización de Estados Americanos antes de otorgar cualquier salvoconducto que le permita salir de Perú. Por su parte, la clase política peruana está dividida entre quienes demandan una acción más directa y quienes abogan por el respeto al derecho internacional. Mientras tanto, la situación sigue en punto muerto, con un despliegue policial reforzado en la sede diplomática mexicana y un potencial conflicto latente que mantiene a la comunidad internacional vigilante.
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