La reciente expedición de un decreto por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro, para convocar a una consulta popular sobre temas laborales y sanitarios ha suscitado un amplio rechazo entre diversos sectores políticos y empresariales. Aunque la izquierda apoya el decreto, figuras prominentes de la derecha, incluyendo congresistas y expresidentes, lo consideran inconstitucional. Critican que el decreto desafía una decisión del Senado que había negado su aval para la consulta, lo que consideran una violación de la separación de poderes. El senador Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado recientemente, rechazó la medida, calificándola de golpe de Estado, y otras figuras de la oposición están anunciando acciones legales.
El descontento también se ha expresado desde el centro político y la esfera empresarial. El alcalde de Bogotá y otros representantes han criticado el decreto como una amenaza al Estado de Derecho, mientras que el sector privado lo califica como una ruptura del orden constitucional. Jaime Alberto Cabal, de Fenalco, y Bruce Mac Master, de la ANDI, han pedido al gobierno reconsiderar su postura, argumentando que el decreto ignora la decisión del Congreso y desafía principios constitucionales fundamentales. La situación ha generado tensiones significativas en el país, con llamados a defender la institucionalidad y respeto por la constitución.
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