El juez Leopoldo Puente ha dado luz verde a una operación de registro en varias constructoras ubicadas en diferentes provincias del país, como parte de una investigación sobre presuntos amaños en contratos públicos. La acción busca recabar pruebas sobre posibles irregularidades y confirma el creciente interés de las autoridades por desentrañar la trama de corrupción que, según las primeras pesquisas, podría involucrar a altos cargos y empresarios del sector. Este movimiento ha generado expectación y tensión en la industria de la construcción, en el punto de mira por sospechas de adjudicaciones fraudulentas.
En un giro inesperado, la Unidad Central Operativa (UCO) ha irrumpido en el domicilio de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, implicándolo en la posible recepción de comisiones ilegales. La intervención llama la atención sobre la seriedad de las acusaciones y el alcance de la investigación que podría destapar una red de corrupción más amplia de lo que se pensaba. La implicación de un exalto cargo del Gobierno añade un matiz político al caso y pone de relieve las prioridades de las autoridades en combatir la corrupción institucionalizada.
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