La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reiterado el compromiso de su gobierno para lograr «verdad y justicia» en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos hace 11 años en Iguala, Guerrero. El nuevo abogado del caso, Isidoro Aguilar, quien lleva colaborando desde 2014, trabaja con las familias para decidir el rumbo del movimiento y buscar el esclarecimiento definitivo. A pesar de los esfuerzos de dos gobiernos anteriores, persisten las interrogantes, ya que solo se han recuperado restos de tres estudiantes. Las investigaciones estuvieron marcadas por intentos fallidos del priista Enrique Peña Nieto y el estancamiento durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, especialmente frente a la resistencia de las Fuerzas Armadas.
Paralelamente, las manifestaciones han vuelto a las calles, con protestas desde Guerrero hasta Ciudad de México, exigiendo la revelación de información que las Fuerzas Armadas podrían poseer. El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, recibió recientemente una suspensión a una de sus condenas, mientras que las familias de los estudiantes siguen exigiendo justicia. Cristina Bautista, madre de uno de los desaparecidos, ha expresado el dolor constante que sufre cada año sin respuestas claras. Las familias también demandan la extradición de exfuncionarios clave para obtener más información. Las investigaciones continúan, centradas ahora en los registros telefónicos de los estudiantes, con la esperanza de encontrar nuevos indicios que revelen el destino de los desaparecidos.
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