El conflicto legal en torno al Tren Maya continúa sin resolverse, con juicios de amparo que revelan tensiones entre las comunidades locales, las organizaciones de defensa ambiental y las autoridades mexicanas. Cinco años después de presentarse el primer amparo por la fragmentación de ecosistemas, el proceso se encuentra estancado debido a alegaciones de falta de comunicación y dilación en los procedimientos judiciales. Las autoridades, como la Secretaría de Medio Ambiente y Fonatur, aseguran que no han recibido adecuadamente las pruebas aportadas por los demandantes, a pesar de que estas están disponibles en formato digital. Ángel Sulub, un demandante de Quintana Roo, expresa su frustración ante lo que considera una estrategia para evitar el arranque del juicio.
Durante la construcción del Tren Maya, se han reportado irregularidades como la violación de leyes ambientales y sociales, así como problemas de contaminación y sobrecostos significativos. A pesar de varias suspensiones judiciales en algunos tramos, las obras avanzaron bajo orden del gobierno, lo que ha llevado a situaciones legales complicadas al estar el proyecto ya en funcionamiento. Organizaciones y demandantes, como el CEMDA, continúan su lucha con el objetivo de asegurar remediaciones ambientales y establecer precedentes que eviten futuros atropellos legales por parte del Estado. Mientras tanto, las autoridades insisten en el progreso del tren, ahora también orientado al transporte de mercancías, lo que aumenta la preocupación sobre su impacto ambiental.
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