El gobierno ha anunciado una nueva normativa destinada a combatir las crecientes estafas telefónicas que afectan a miles de ciudadanos. Estas estafas, que ya representan el 50% del total del fraude, involucran llamadas y mensajes de texto en los que los estafadores se hacen pasar por instituciones públicas, compañías o bancos para obtener información personal y bancaria de las víctimas. Con el objetivo de frenar esta problemática, las autoridades han decidido que las compañías telefónicas sean responsables de bloquear, desde su origen, cualquier llamada o SMS que se sospeche pueda suponer una suplantación de identidad. Las operadoras que no cumplan con estas medidas se enfrentarán a sanciones de hasta dos millones de euros; sin embargo, no serán responsables de compensar a los clientes afectados.
La orden ministerial también incluye una serie de directrices técnicas que deben seguir las operadoras. Entre ellas, destaca el bloqueo de números que no han sido asignados a ningún titular o que sean de procedencia internacional pero simulan ser nacionales, su objetivo es confundir al receptor y darle una falsa sensación de confianza. La normativa, que se implementará de manera progresiva, establece un plazo de 20 días para su entrada en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Asimismo, está previsto que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cree una base de datos alfanuméricos verificados para prevenir la usurpación de identidad en los SMS. Estas medidas, inspiradas en regulaciones de otros países europeos donde han tenido éxito, buscan proteger a los usuarios al garantizar la seguridad de las comunicaciones telefónicas, aunque por ahora quedarán fuera del ámbito de aplicación las plataformas de mensajería instantánea y correos electrónicos.
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