En un significativo giro en la postura de la Iglesia española respecto a los casos de pederastia, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha anunciado su disposición a discutir con el Gobierno la compensación a víctimas que opten por no acudir al plan eclesiástico PRIVA. Esta decisión, comunicada por Francisco César García Magán, secretario general de la CEE, durante la Asamblea Plenaria, sucede en medio del escándalo del obispo Rafael Zornoza, el primer prelado español bajo investigación vaticana por abusos. Hasta ahora, la Iglesia se había negado a colaborar con el plan gubernamental de reparaciones, argumentando que los abusos no son exclusivos de su institución. Con 101 casos atendidos por la Comisión Asesora, de los cuales solo 2% han sido efectivamente resueltos, la efectividad del PRIVA ha sido cuestionada, impulsando encuentros entre asociaciones de víctimas y el ministro de Justicia para exigir celeridad y confianza en las reparaciones.
Paralelamente, un fallo en el sistema de indemnizaciones ha salido a la luz, luego de que una víctima descubriera que las compensaciones están sujetas a impuestos. Tanto el Defensor del Pueblo como la CEE han solicitado al Gobierno una reforma para que estas indemnizaciones estén exentas, similar a lo que sucede con víctimas del terrorismo. En cuanto a Rafael Zornoza, quien sigue en funciones mientras se lleva a cabo la investigación por presunta agresión sexual a un menor, la CEE defiende la presunción de inocencia, pese a las peticiones de aplicar medidas cautelares. La distinción de autoridad entre casos clericales y episcopales resalta como una barrera en la aplicación de sanciones, mientras la Iglesia enfrenta crecientes críticas por su manejo de estos escándalos.
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