Cinco meses después de que una devastadora DANA destrozara Valencia, causando 228 víctimas mortales y estragos significativos, Salomé Pradas, la exconsejera de Justicia e Interior, se presentó en la Ciudad de la Justicia de Valencia para declarar ante el tribunal. La exfuncionaria, imputada por la gestión de la catástrofe, enfrentó la indignación pública y manifestaciones a su llegada, mientras evitaba responder a la prensa. La jueza Nuria Ruiz Tobarra investiga posibles delitos de homicidio y lesiones imprudentes tanto contra Pradas como contra Emilio Argüeso, quien era su segundo al mando en la secretaría autonómica de Emergencias. La causa central del procedimiento judicial se centra en la respuesta tardía a la catástrofe y el mal manejo del sistema de alertas, considerado como un factor clave en la elevada cifra de muertes.
Ambos exaltos cargos intentan desmarcarse de la responsabilidad del desastre mediante estrategias defensivas. Pradas se defiende afirmando ser una «cabeza de turco» y argumenta que el sistema fallido de envío de alertas a móviles no era de su responsabilidad directa, mientras que Argüeso asegura haber comunicado oportunamente la gravedad del evento al gobierno regional sin recibir respuesta. El tema también salpica al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien optó por no declarar voluntariamente y queda sujeto a las decisiones del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. En el núcleo de estas investigaciones, se cuestiona la actuación de las autoridades durante las fatídicas horas de lluvia, agravada por un aparente vacío de liderazgo en momentos críticos mientras la ciudad sucumbía bajo las aguas torrenciales.
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