Un creciente enfoque de la administración de Donald Trump hacia los menores migrantes no acompañados ha provocado que enfrenten procesos legales y estancias prolongadas en albergues sin el apoyo necesario. Muchos de estos niños se ven obligados a comparecer en tribunales sin representación legal, un escenario que expertos de organizaciones no gubernamentales describen como inadecuado incluso para adultos. Las restricciones también dificultan que puedan salir de los albergues, aumentando los riesgos y el estrés para una población ya vulnerable. En Nueva York, El Paso y Phoenix, los desafíos legales se agravan con las crecientes redadas y detenciones, añadiendo más incertidumbre al destino de los niños.
La retirada de fondos para la representación legal de menores ha desencadenado litigios que buscan restaurar estos apoyos cruciales. A pesar de una orden judicial que mandó reanudar la financiación, numerosas ONGs luchan por mantenerse operativas y dar soporte a los menores en los complejos procedimientos migratorios. La situación empeora cuando los patrocinadores de estos niños enfrentan detenciones, dejando a los menores aún más desamparados. La presión sobre el sistema de justicia migratoria continúa creciendo, mientras abogados y defensores advierten sobre el mayor riesgo de explotación y maltrato que sufren estos menores al quedar atrapados en un sistema legal complicado y adverso.
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