La cesión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), programada para 2026, exige más que un simple acuerdo político, según los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Este cambio requiere reformas legales significativas, modificando leyes orgánicas y ordinarias, ya que actualmente, las competencias fiscales son exclusivas del Estado bajo la Constitución.
El artículo 149.1.14ª de la Constitución Española establece que solo el Estado puede regular el sistema tributario general. Para que Cataluña asuma la gestión completa del IRPF, se deben reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), los Estatutos de Autonomía, la Ley 21/2001 sobre cesión de tributos, y otras leyes específicas. Sin estas reformas, la cesión integral del IRPF estaría fuera del marco constitucional vigente.
El plan del Gobierno busca establecer un «modelo singular» para Cataluña, permitiendo que gestione todos los impuestos, calcule un «cupo catalán» para servicios estatales, y contribuya solidariamente con otras comunidades. Gestha destaca que este modelo solo es factible con una reforma legal coordinada a nivel estatal y europeo.
Por otra parte, una cesión parcial o compartida del IRPF se percibe como una alternativa más realista ante la falta de acuerdo político y el complejo debate sobre la financiación autonómica. Esto implicaría una mayor capacidad normativa para las autonomías y una gestión compartida del impuesto.
Además, Gestha advierte sobre los riesgos para la lucha contra el fraude fiscal. Controlar el IRPF es crucial, ya que representa el 95,4 % de la progresividad del sistema tributario. Perder acceso a esta información limitaría la capacidad para detectar evasiones y rentas ocultas.
Actualmente, la ATC carece de los recursos humanos suficientes para gestionar una cantidad significativamente mayor de impuestos. Con solo 832 empleados, incluyendo 29 inspectores y 41 técnicos, la agencia enfrentaría un desafío enorme al gestionar 27.590 millones de euros anuales, comparado con los 5.238 millones actuales. Tampoco se espera un refuerzo desde la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), ya que la mayoría de sus 6.359 empleados en Cataluña no mostraría interés en integrarse a la ATC.
Finalmente, la cuestión de la solidaridad territorial y la contribución de Cataluña al fondo interterritorial es probablemente el tema más delicado. Determinar una «cuota justa» dentro del marco de servicios públicos equivalentes será complicado. Gestha subraya la necesidad de una estrategia clara por parte del Gobierno, que debe involucrar negociaciones con todas las comunidades autónomas y asegurar los apoyos parlamentarios necesarios para evitar problemas constitucionales.
Fuente: Gestha
