El Consejo de Ministros de España ha aprobado un real decreto-ley que impone un embargo de armas a Israel y prohíbe el comercio de productos procedentes de territorios palestinos ocupados. Este nuevo marco regula la importación y exportación de armamento, además del tránsito de combustible militar a través del territorio español. No obstante, la normativa permite al Gobierno revertir el embargo en situaciones excepcionales que puedan comprometer los «intereses generales nacionales», lo que ha suscitado críticas dentro del propio gabinete. La coalición Sumar ha señalado que esta ambigüedad podría debilitar la eficacia del embargo y crear discordancias en la imagen de España respecto al conflicto israelo-palestino.
A pesar del avance en la prohibición del comercio de armas, diversas organizaciones, como la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), han cuestionado la efectividad del decreto al destacar su carácter no absoluto y las excepciones que permite. Además, el decreto no modifica acuerdos previos con Estados Unidos, lo que permite el tránsito de armamento estadounidense hacia Israel. Aunque en las últimas semanas el Gobierno ha cancelado contratos significativos con empresas israelíes, voces críticas advierten que el embargo no afecta a contratos ya adjudicados, dejando «amplias grietas legales» que cuestionan el compromiso real de España con los derechos humanos en la región.
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