El 3 de marzo de 2025 marcó un hito significativo en el ámbito de la protección de los donantes vivos de órganos y tejidos en España, con la entrada en vigor de un nuevo permiso definido en el artículo 48 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Esta modificación ha sido introducida por la Ley 6/2024, promulgada el 20 de diciembre, con el objetivo de mejorar las condiciones para quienes deciden llevar a cabo este gesto altruista.
La Ley 6/2024 busca facilitar los procedimientos para los donantes en activo, otorgando un permiso retribuido por el tiempo indispensable para asistir a sesiones de información y realizar los informes y exámenes clínicos necesarios. Dichos actos preparatorios son determinantes para valorar la idoneidad de los donantes vivos y asegurar la calidad y seguridad de sus órganos y tejidos donados. Este permiso es aplicable siempre que las actividades se realicen durante el horario laboral del funcionario público, permitiendo que las gestiones se realicen con la menor interferencia posible en su vida profesional.
Cabe destacar que la reforma no solo afecta a la jornada laboral, sino que también realiza un ajuste importante en el ámbito de la seguridad social de los funcionarios públicos. A través de modificaciones al texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado y al Reglamento General del Mutualismo Administrativo, se elimina el periodo mínimo exigido para cobrar la incapacidad temporal (IT) para quienes donen órganos o tejidos. Esto garantiza que los donantes puedan concentrarse en su recuperación sin la preocupación de pausas económicas que puedan afectar su bienestar.
El impacto de esta modificación legislativa reside en su ordenación estructural, dirigida a fomentar la donación en vivo y simplificar las gestiones administrativas involucradas en el proceso. Al dotar al donante de tiempo y soporte financiero necesarios, se contribuye significativamente a impulsar y apoyar estas acciones solidarias, cruciales para el sistema sanitario.
Esta medida ha sido recibida con optimismo por asociaciones de donantes y entidades sanitarias, quienes ven en ella un paso adelante en la consolidación de un marco legal que protege y promueve la donación de órganos y tejidos. El diseño de políticas públicas que prioricen el bienestar del donante podrían, en última instancia, incrementar el número de donaciones, beneficiando a numerosos pacientes en listas de espera de trasplantes.
En conclusión, la entrada en vigor de esta modificación no solo refleja el compromiso del Estado con la salud y el bienestar de sus ciudadanos, sino que también refuerza la cultura de la donación solidaria, brindando apoyos concretos a quienes optan por salvar vidas a través de la donación de órganos y tejidos.
Nota de prensa de ANPE.
