La portavoz Pérez Moñino ha lanzado críticas dirigidas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, señalando que avanza «de la mano de Montero» en relación con las leyes LGTBI. Estas declaraciones surgen en un contexto de debate sobre las políticas autonómicas en materia de derechos para el colectivo LGTBI, un ámbito donde la región de Madrid ha implementado normativas que buscan garantizar la igualdad y el respeto hacia estas comunidades. La comparación con Irene Montero, ministra de Igualdad del Gobierno de España, se produce en medio de una aparente contradicción política, dado que Ayuso pertenece a una franja ideológica distinta de la que lidera Montero, lo que añade un tono crítico al comentario.
En el trasfondo de estas afirmaciones, se sitúan las tensiones políticas y las divergencias sobre las estrategias para abordar los derechos de diversidad sexual. El gobierno regional de Madrid ha mantenido un enfoque relativamente progresista en esta materia, algo que, para algunos sectores, contrasta con el perfil político tradicionalmente asociado al partido de Ayuso. La disputa subraya un contexto más amplio de debates nacionales sobre cómo las entidades regionales y el gobierno central gestionan los avances en derechos sociales. Este escenario refleja las complejidades de las alianzas y oposiciones políticas en España, donde las diferencias ideológicas no siempre se traducen en líneas claras de actuación en políticas públicas específicas.
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