
El reciente escándalo que ha sacudido a la política gallega involucra a José Tomé, quien dimitió como presidente de la Diputación de Lugo tras ser acusado de ofrecer un empleo público a cambio de favores sexuales. Esta controversia trae reminiscencias de un caso similar ocurrido hace una década, cuando José Manuel Baltar Blanco, entonces presidente de la Diputación y del PP de Ourense, enfrentó acusaciones parecidas. El caso de Baltar fue finalmente archivado judicialmente en 2017, ya que no se pudo demostrar que se hubiera producido un acoso sexual en un contexto laboral. Durante este proceso, Baltar recibió el respaldo incondicional del líder local del partido, Alberto Núñez Feijóo, quien defendió al acusado mientras cuestionaba la credibilidad de la denunciante. A pesar de la gravedad de las acusaciones, Baltar continuó como líder provincial del PP y, posteriormente, ocupó un escaño en el Senado.
En contraste, el caso de Tomé ha desencadenado críticas severas dentro del PSdeG-PSOE, principalmente hacia su secretario general, quien, según se informa, conocía las acusaciones dos meses antes de que se hicieran públicas y no tomó acción. Este episodio también ha generado tensiones con sus socios políticos, reflejando una aparente inconsistencia en la manera como los partidos han manejado las denuncias de conductas inapropiadas en sus filas. Tanto el PP como el BNG han aprovechado esta situación para criticar la respuesta del PSdeG, destacando la necesidad de actuar con firmeza ante tales acusaciones. Las reacciones y las comparaciones entre los casos de Tomé y Baltar evidencian las diferencias en la gestión política y la presión interna ante escándalos de esta naturaleza, subrayando problemas persistentes sobre cómo se abordan las denuncias de acoso sexual en el ámbito político.
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