A partir del 3 de abril, una reforma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal entrará en vigor en España, permitiendo agilizar los desahucios relacionados con los delitos de usurpación y allanamiento de morada. Esta modificación, que afecta al artículo 795.1 de la mencionada ley, impulsará la resolución de estos casos mediante un procedimiento abreviado conocido como juicios rápidos. Según el abogado Xavi Abat, esta reforma podría ser el comienzo de «un desahucio exprés», mediante el cual los okupas podrían ser desalojados en un plazo aproximado de 15 días. Este cambio legal ha sido posible gracias a una enmienda introducida por el PNV en un proyecto de Ley Orgánica relacionado con la eficiencia del servicio público de justicia, culminando su proceso parlamentario tres meses atrás.
En paralelo, un acuerdo en la Audiencia Provincial de Barcelona permite ahora que los propietarios de viviendas ocupadas corten suministros como luz, agua o gas sin enfrentarse a delitos de coacción, un giro significativo respecto a prácticas legales anteriores. Xavi Abat comenta que esta medida podría establecer un precedente a nivel nacional, avivando el debate sobre el tratamiento de los okupas en todo el país. En redes sociales, sin embargo, la discusión se amplía hacia la problemática de los «inquiokupas» —inquilinos que dejan de pagar la renta pero continúan ocupando la vivienda—, un fenómeno que también preocupa a los propietarios y desalienta el mercado de alquileres. Los comentarios reflejan un llamado a que medidas similares atiendan esta problemática, que muchos consideran igualmente grave y perjudicial.
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