Medio año tras el apagón que afectó a toda la Península Ibérica el 28 de abril, el Gobierno español está listo para aprobar un nuevo real decreto que busca reforzar la seguridad del sistema eléctrico. Esta norma permitirá que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y Red Eléctrica intensifiquen su supervisión sobre la tensión de la red, garantizando el cumplimiento de las obligaciones de las centrales generadoras. Entre las medidas más resaltantes se incluye la reducción de plazos para informar y supervisar, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante posibles crisis eléctricas.
Además, el nuevo decreto acorta a tres meses el tiempo para que la CNMC evalúe la regulación de la tensión y para que Red Eléctrica revise sus procedimientos internos. Se espera que estas revisiones resulten en nuevas regulaciones que optimicen la inyección de potencia y la programación de restricciones técnicas. Esto responde a preocupaciones sobre las oscilaciones de tensión, que aunque estaban dentro de los parámetros normales, mostraron un nivel de variabilidad preocupante. La normativa busca no solo corregir lo sucedido en abril, sino establecer un sistema más robusto para enfrentar futuros desafíos eléctricos.
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