Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han llevado a cabo registros en las sedes de la empresa constructora Acciona en Bilbao y Madrid, en busca de nueva documentación sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de obras. Estas acciones están vinculadas a una investigación que salpica al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a otros asociados de su entorno durante su gestión entre 2018 y 2021. La orden de registro fue emitida por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, quien mantiene abierta una pieza secreta en la que se investigan posibles delitos de corrupción cometidos al otorgar contratos públicos. En este caso se encuentran involucrados, además de Ábalos, su exasesor personal, Koldo García, y el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Hasta el momento, un portavoz de Acciona ha preferido no emitir comentarios sobre el asunto.

Este no es el primer operativo en Acciona por parte de las autoridades; anteriormente, en junio, ya se había solicitado documentación, aunque en aquel momento no se trató de un registro oficial. La investigación, centrada en el supuesto amaño de contratos a cambio de comisiones, busca esclarecer el rol de varios implicados, incluidos directivos de la empresa, como Fernando Merino Vera, quien tuvo que declarar en julio. En respuesta a los hechos que salieron a la luz en junio, la constructora expresó públicamente su sorpresa y preocupación, asegurando desconocer las prácticas bajo sospecha. Esta situación pone en jaque la reputación de la constructora y aviva el debate sobre la transparencia en la gestión de contratos públicos durante el periodo cuestionado.

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