En un esfuerzo por atender la creciente demanda de vivienda asequible, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha visitado una nueva urbanización en la calle Diversidad de Alcorcón. El complejo ofrece 134 unidades residenciales, que incluyen opciones de uno, dos y tres dormitorios, todas ellas equipadas con garaje, trastero y acceso a zonas comunes que cuentan con piscina, gimnasio y servicio de conserjería. Rodrigo destacó que «El Gobierno regional se ha volcado con Alcorcón», posicionando al municipio entre los que más oferta de inmuebles ha recibido del Ejecutivo autonómico.
Esta iniciativa forma parte del Plan Vive, una colaboración público-privada que ya ha beneficiado a 2.480 familias en diversos municipios. Según el consejero, este modelo ha demostrado ser efectivo y se prepara ahora para expandirse con la entrega de otros 1.800 inmuebles, para los cuales los interesados ya pueden inscribirse, mientras otros 3.800 están en fase de construcción.
La ciudad de Alcorcón no solo verá esta urbanización en la calle Diversidad, sino también una promoción adicional en la calle Vicente Ferrer, que ofrecerá 140 pisos con similares características y precios que varían desde los 415 euros para los apartamentos de un dormitorio hasta los 741 euros para los de tres dormitorios. Ambas promociones han generado gran interés, lo que se evidencia en las cerca de 12.000 solicitudes recibidas, reflejando no solo la necesidad de vivienda sino también la calidad y eficiencia energética de las construcciones.
Las viviendas están diseñadas para cumplir con altos estándares de eficiencia energética, lo que garantiza un ahorro considerable para los inquilinos y minimiza el impacto ambiental. Parte de estas construcciones se ha realizado mediante técnicas de construcción industrializada, lo que ha permitido reducir los plazos de ejecución.
Para acceder a estas viviendas, los solicitantes deben utilizarla como residencia habitual y no poseer ninguna otra propiedad en el territorio nacional. Además, se prioriza a los empadronados en el municipio de ubicación o aquellos que trabajen en la localidad desde hace al menos tres años. También se ha establecido que el gasto en vivienda no debe superar el 35% de los ingresos netos anuales de la unidad de convivencia.
Con el avance de estas iniciativas, el Ejecutivo autonómico reafirma su compromiso en facilitar el acceso a viviendas asequibles, destacando la importancia de las políticas de colaboración público-privada para enfrentar los desafíos del acceso a la vivienda.
