El consejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha visitado una nueva promoción de viviendas localizada en las calles Fernando IV y Alfonso VII. Con la inauguración de esta urbanización, el Gobierno regional ha adjudicado ya 300 viviendas en la localidad, dentro de un ambicioso plan que contempla un total de 736 hogares para los residentes de Alcalá, respaldado por un modelo de colaboración público-privada.
Durante el evento, Rodrigo destacó el objetivo principal de la iniciativa: facilitar el acceso a la vivienda, con especial atención a los jóvenes. «Cada uno de estos hogares representa un proyecto de vida que arranca de la mano de esta iniciativa de la Administración madrileña», afirmó. La urbanización cuenta con un total de 146 viviendas, distribuidas en 39 pisos de un dormitorio, 88 de dos dormitorios, y 19 de tres, además de incluir comodidades como garajes, trasteros y amplias zonas comunes que incluyen piscina, parque infantil y gimnasio. Los adjudicatarios, gracias a la política impulsada, pagarán hasta un 40% menos que el valor de mercado, con rentas que oscilan entre los 540 y los 880 euros.
Este desarrollo forma parte del Plan Vive, una iniciativa del Ejecutivo autonómico que busca ampliar la oferta de vivienda durante la presente legislatura con 10.500 nuevos hogares, de los cuales 2.000 estarán destinados exclusivamente a jóvenes. «Prácticamente cada semana estamos entregando alguna promoción», subrayó Rodrigo, quien destacó la labor de las empresas involucradas y los profesionales de la Consejería como claves en el progreso del proyecto, esperando alcanzar la entrega de 2.000 inmuebles este año.
Para optar a estas viviendas, los solicitantes deben utilizarlas como residencia habitual y no tener propiedades a su nombre en todo el territorio nacional. Además, se prioriza a aquellos empadronados en el municipio de la promoción o a quienes trabajen en la localidad desde hace al menos tres años. Un requisito adicional es que el gasto en vivienda no debe superar el 35% de los ingresos netos anuales de la unidad familiar. Esta estrategia busca asegurar que las viviendas sean realmente accesibles y sostenibles para los adjudicatarios, alineándose con el compromiso del gobierno de hacer frente al desafío habitacional en la región.
