El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles dos decretos tras su aprobación en el Consejo de Ministros, dirigiendo la atención a la protección social. Estas medidas, que inicialmente formaban un solo conjunto rechazado por el Congreso, han sido desglosadas para asegurar al menos la aprobación de parte de la iniciativa gubernamental. Un punto crucial del paquete es el incremento de las pensiones, manteniendo las cuantías mínimas para las pensiones contributivas y aumentando un 11,4% las no contributivas, fijadas para 2026 en 8.803,2 euros anuales. Este ajuste busca seguir el ritmo del aumento de precios, asegurando que los jubilados no pierdan poder adquisitivo.
Por otro lado, se ajusta la base máxima de cotización, incrementada en un 3,9%, mientras que el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) experimenta un pequeño aumento para asegurar la sostenibilidad del sistema ante el envejecimiento poblacional. El nuevo decreto también decide no extender la obligatoriedad de la declaración de la renta para personas desempleadas que perciben prestaciones, argumentando el Gobierno que dicha exigencia impone una carga administrativa innecesaria. Además, se decide no prorrogar el salario mínimo interprofesional de 2025 dado el acuerdo para elevarlo a 1.221 euros, a la espera de su confirmación legal en un plazo de dos semanas, con efecto retroactivo desde enero.
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