En la más reciente sesión del Consejo de Ministros, se han aprobado tres medidas significativas que inciden directamente sobre las competencias del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Estas decisiones abordan la memoria histórica, la autonomía regional y los derechos de nacionalidad, temas que siguen marcando la agenda política y social del país.
Una de las resoluciones más destacadas es la aprobación de un real decreto que concede una subvención a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Esta ayuda, catalogada como excepcional y justificada en razones de interés público, social y humanitario, está destinada a financiar las actuaciones necesarias para habilitar los accesos a las criptas pendientes en el mencionado lugar. El propósito principal es la reparación y dignificación de los osarios, así como la exhumación e identificación de los restos de víctimas de la Guerra de España y la Dictadura franquista, cuyos familiares han reclamado dichos restos. Esta iniciativa responde a un clamor histórico por la justicia y la reparación de las víctimas del conflicto y del régimen que le siguió.
En otro orden de cosas, el Consejo ha dado luz verde al anteproyecto de Ley Orgánica para la reforma del Régimen Foral de Navarra. Esta modificación de la Ley Orgánica 13/1982 permitirá a la Comunidad Foral asumir el pleno ejercicio de sus funciones en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. La transferencia de competencias incluirá la responsabilidad de la vigilancia y control del tráfico dentro del territorio navarro, un aspecto relevante para la autonomía de la región y su capacidad de autogobierno. Este cambio refleja el compromiso del Gobierno con el respeto y fortalecimiento de las competencias regionales en un marco de diversidad territorial.
Finalmente, se ha extendido un año más el plazo para que las personas puedan ejercer el derecho de optar a la nacionalidad española, según lo estipulado en la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. Esta prórroga otorga más tiempo a aquellos potenciales beneficiarios de esta disposición legal, quienes por distintas razones aún no han podido formalizar su solicitud. La medida subraya el compromiso del Ejecutivo con la justicia histórica y la restitución de derechos a quienes fueron afectados por situaciones de exilio y pérdida de la nacionalidad en contextos de conflicto y dictadura.
Estas decisiones del Consejo de Ministros ponen de manifiesto un enfoque integral hacia la reparación histórica, la autonomía regional y el acceso a derechos fundamentales, pilares esenciales para la construcción de un país más justo y respetuoso de su diversidad y memoria colectiva.
Fuente: Ministerio Políticas Territoriales y Memoria Democrática.
