Un tribunal de Georgia ha emitido un fallo determinante que obliga a la Atlanta Police Foundation (APF), una entidad privada sin fines de lucro, a someterse a las solicitudes de acceso a documentos públicos conforme a la Ley de Registros Abiertos del estado. Esta decisión marca un avance significativo en la búsqueda de transparencia gubernamental, especialmente en lo que concierne a la relación entre la APF y el Departamento de Policía de Atlanta.
El litigio fue impulsado el año pasado por el Atlanta Community Press Collective (ACPC) y Lucy Parsons Labs (LPL), integrante de la Alianza para la Frontera Electrónica. La demanda se originó por la reticencia de la APF a divulgar información sobre su rol como arrendataria y gestora del Centro de Entrenamiento en Seguridad Pública de Atlanta, comúnmente referido como «Cop City». Este centro ha sido foco de controversia entre movimientos sociales y medioambientales locales.
Se ha señalado cómo la APF y organizaciones similares promueven el financiamiento de tecnología de vigilancia policial, lo que ha generado inquietud respecto a la falta de supervisión pública. Además de gestionar el Centro de Entrenamiento, la APF opera el Loudermilk Video Integration Center, lo que facilita eludir el escrutinio público sobre las operaciones policiales.
La victoria lograda por el ACPC y la LPL cobra relevancia en un contexto donde, el año pasado, la Corte Suprema de Georgia había estipulado que los contratistas privados trabajando para entidades públicas deben acatar las leyes de registros abiertos. No obstante, posteriormente, se aprobó una ley que complica las solicitudes de documentos públicos contra estas entidades.
Los abogados Joy Ramsingh, Luke Andrews y Samantha Hamilton representaron a los demandantes en este caso, logrando liberar algunos documentos en diciembre pasado. Aun cuando la APF tiene la opción de apelar, si decide no hacerlo, deberá comenzar a cumplir con las solicitudes de registros a partir de julio.
Esta resolución genera expectativas de mayor transparencia y responsabilidad en las contrataciones entre agencias gubernamentales y entidades privadas encargadas de funciones públicas. Así, periodistas y activistas locales podrán acceder a información que debe estar disponible para el público.
