A medida que se desentraña el escándalo del caso Koldo, que salpica a exmiembros destacados del PSOE, el foco se ha dirigido hacia la opacidad de la contratación pública en España. El reciente informe del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) pone en evidencia un preocupante aumento en las denuncias de irregularidades en dicho ámbito.
Datos proporcionados por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) revelan un alarmante incremento del 87% en denuncias relacionadas con la contratación pública entre 2019 y 2023. En total, 957 denuncias han sido registradas desde el inicio del gobierno de Sánchez. Sin embargo, la situación se complica: solo un 0,7% de las más de 206,000 licitaciones realizadas en 2024 presentan denuncias vivas, pero un asombroso 50% de las denuncias del sexenio aún están en trámite.
Este informe destaca que el contrato de servicios, en lugar de la ejecución de obras, lidera las categorías con mayor riesgo de corrupción, acumulando el 64,3% de las denuncias. Entre las irregularidades, el «fraude» en los procesos de adjudicación es el más frecuente, abarcando un 32% de las denuncias.
Gestha advierte que el incremento de denuncias podría seguir en ascenso, no solo debido al aumento de la corrupción, sino también porque la reciente trasposición de una directiva europea, en vigor desde febrero de 2023, protege a los informantes que denuncian irregularidades. Esta ley busca asegurar que las empresas no puedan represaliar a quienes alertan sobre prácticas corruptas, disuadiéndolas de contratar con el sector público si incurren en comportamientos indebidos.
José María Mollinedo, secretario general de Gestha, subraya que el miedo es un factor determinante en el silencio de muchos denunciantes, quienes a menudo esperan haber dejado sus empleos para reportar irregularidades. La escasez de oficinas dedicadas a investigar estos casos agrava el problema, limitando significativamente la lucha contra el fraude.
Los recursos destinados a proteger los intereses económicos de la Unión Europea en España son escasos, con pocas regiones contando con agencias anticorrupción eficientes. Mollinedo apunta que los técnicos de Hacienda, a menudo infra remunerados, son quienes soportan la carga de supervisar inversiones multimillonarias, destacando así la urgente necesidad de reforzar las capacidades investigativas a nivel estatal.
Este contexto revela un sistema de contratación pública en crisis, donde la escasez de personal y recursos compromete la capacidad del país para hacer frente a las prácticas corruptas y asegurar la transparencia en la gestión de recursos públicos.
Fuente: Gestha
