

En un esfuerzo por fomentar la transmisión de empresas y favorecer a los contribuyentes en la Comunidad de Madrid, se ha anunciado una serie de medidas fiscales que prometen un significativo ahorro económico. La reforma plantea un incremento en la reducción aplicable en la base imponible para casos de adquisición por sucesión o donación de una empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades, elevando dicha reducción del 95% al 99%. Esto estará condicionado a que el nuevo propietario mantenga los bienes en su patrimonio durante al menos cinco años posteriores a la adquisición.
La propuesta también incluye una ampliación del grupo de parientes que pueden beneficiarse de estas condiciones fiscales ventajosas. Se planea incorporar tanto a ascendientes como a integrantes del grupo III de parentesco, lo que abarca a hermanos, sobrinos, tíos, suegros, yernos y nueras, además de incluir a los primos hermanos del grupo IV. Esta ampliación del círculo familiar busca facilitar la transmisión de bienes y derechos entre una mayor variedad de relaciones familiares, fortaleciendo así los vínculos económicos y personales.
En cuanto a los requisitos para acceder a las bonificaciones fiscales, se han introducido mejoras significativas. Una de las modificaciones más destacadas es la eliminación de la exigencia previa que estipulaba que el donante debía tener más de 65 años o estar en situación de gran invalidez o incapacidad permanente. Esta eliminación simplifica el acceso a los beneficios fiscales y clarifica los criterios relacionados con los ingresos considerados para la aplicación de dichas ventajas.
Estas medidas se integrarán de manera complementaria a las bonificaciones generales que ya están en vigor en la región en las distintas modalidades del impuesto. Según las estimaciones, esta iniciativa beneficiará a alrededor de 1.500 contribuyentes madrileños, generando un ahorro fiscal aproximado de 2 millones de euros anuales.
El informe actual constituye un paso inicial hacia el trámite de audiencia pública de la Ley, y se proyecta su aprobación por la Asamblea de Madrid para mediados del año en curso. Una vez aprobada, se espera que la ley entre en vigor en el mes subsiguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), marcando así el comienzo de una nueva etapa en la fiscalidad madrileña que promete facilitar la continuidad empresarial y el alivio económico para numerosas familias en la región.
