A partir del 1 de enero de 2030, la eficiencia energética será un requisito legal ineludible para la compraventa y alquiler de viviendas en España. Esta normativa, derivada de la Directiva Europea sobre Eficiencia Energética, establece que todos los inmuebles en el mercado deben contar con una calificación mínima de eficiencia energética de letra E. El objetivo principal es disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que el sector de la construcción es responsable de una parte considerable de estas emisiones, con más de un tercio proveniente de edificios poco sostenibles. A partir de 2033, la exigencia aumentará, requiriendo una calificación mínima de D. Conseguir y registrar un Certificado de Eficiencia Energética será crucial para cumplir con estas regulaciones. Este certificado, que debe ser realizado por técnicos especializados, implica un coste que oscila entre los 50 y 200 euros, y tiene validez de diez años.
El impacto económico de estas nuevas medidas ha generado cierto debate, ya que se estima que un 85 % de las viviendas en España requieren algún tipo de rehabilitación para cumplir con los requisitos establecidos para 2030 y 2033. Con un parque inmobiliario envejecido, donde más del 30 % de los edificios tienen más de 70 años, las reformas energéticas se ven como un reto significativo. Tanto el gobierno español como la Unión Europea trabajan en programas de ayuda económica, utilizando los Fondos Next Generation, para facilitar este proceso de adaptación sin que suponga un gasto desmesurado para los propietarios. Las ayudas buscan cubrir parte, o incluso la totalidad, del coste de las mejoras necesarias. Además, el incumplimiento de esta normativa podría acarrear importantes sanciones económicas, con multas que en algunos casos podrían alcanzar hasta los 60.000 euros, lo que subraya la importancia de adaptar las propiedades a los nuevos estándares energéticos.
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