En un esfuerzo por modernizar y mejorar el funcionamiento del sector público, se ha aprobado una nueva Ley de Hacienda que introduce significativas reformas en la gestión financiera del Ejecutivo autonómico. Esta normativa busca optimizar el sistema contable, avanzar en la planificación presupuestaria y reforzar el control financiero, al tiempo que promueve una mayor comunicación y transparencia con la Asamblea.
Una de las reformas más destacadas es la redefinición de las sociedades mercantiles del Ejecutivo, alineándolas con la normativa estatal mientras se adapta a las necesidades específicas de la región. En particular, se reconoce la naturaleza de estas entidades, incluyendo aquellas contempladas en el artículo 42 del Código de Comercio, lo que proporciona claridad sobre su funcionamiento en el ámbito autonómico.
La ley establece una regulación más clara de las operaciones económicas, reorganizando de manera efectiva las transacciones financieras y diferenciando entre la Tesorería General y la Central. Esta última es responsable de gestionar los recursos financieros de la administración autonómica, excluyendo expresamente a las universidades para respetar su autonomía.
Además, se incorporan medidas para mejorar la planificación a medio plazo y garantizar la estabilidad presupuestaria, junto con un régimen específico para supervisar la intervención en materia de personal, eliminando la necesidad de detallar estas funciones en las leyes anuales de presupuestos.
La ley deroga la anterior normativa, que llevaba más de tres décadas en vigor, y elimina la Ley 1/1989 sobre el Control Parlamentario, integrando la remisión de información a la Asamblea. En un esfuerzo por eliminar la hiperregulación, todas las disposiciones obsoletas o redundantes han sido suprimidas, buscando simplificar la legislación vigente.
Con estas reformas, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo da un paso crucial hacia la actualización y modernización del marco legal, adaptándolo a los cambios surgidos en las últimas décadas y a las normativas europeas, estatales y autonómicas actuales.
