En los últimos tiempos, las Demandas Estratégicas Contra la Participación Pública, conocidas como SLAPPs, se han convertido en una herramienta predilecta para quienes buscan silenciar voces críticas a través del sistema judicial. Estas demandas, utilizadas por individuos y corporaciones con abundantes recursos, no se crean con la intención de triunfar en los tribunales, sino más bien para intimidar y agobiar a periodistas, activistas y consumidores, logrando callar sus expresiones protegidas bajo la ley.
A pesar de que 34 estados en Estados Unidos han implementado leyes que ofrecen protección contra este tipo de abusos, la falta de una regulación federal sigue permitiendo brechas significativas. En respuesta a esta problemática, los representantes Jamie Raskin y Kevin Kiley han impulsado la Ley de Protección a la Libertad de Expresión, un esfuerzo legislativo bipartidista que podría ofrecer una defensa efectiva a nivel nacional.
Las SLAPPs son empleadas principalmente por partes que han sido públicamente cuestionadas o señaladas. Utilizan el litigio como arma de presión, generando un entorno de estrés e incertidumbre vinculado al proceso judicial y los costes que este conlleva. No es necesario que estos demandantes contacten al éxito en el juicio; su mayor victoria radica en el desgaste y el silenciamiento del opositor.
Las presentes legislaciones anti-SLAPP a nivel estatal han demostrado ser eficaces, pero su impacto en las cortes federales sigue siendo limitado. Esta limitación ha permitido que ciertas partes astutamente elijan jurisdicciones benignas para sus intenciones, sin leyes sólidas contra las SLAPPs, orquestando así demandas en ambientes más propensos al logro de sus cometidos.
Entre los casos más notorios de SLAPPs, destaca el de activistas en Uniontown, Alabama, quienes fueron demandados por $30 millones tras denunciar la presencia de cenizas tóxicas en su comunidad. Asimismo, el empresario Shiva Ayyadurai, bajo el reclamo de haber «inventado el correo electrónico», solicitó $15 millones en una demanda contra un blog que ponía en tela de juicio sus declaraciones. En otra ocasión, el congresista Devin Nunes interpuso múltiples demandas contra críticos en Twitter, activando maniobras legales en estados con protecciones anti-SLAPP débiles.
La nueva legislación propuesta permitiría a los demandados presentar una moción para desestimar tales pleitos, requiriendo una decisión judicial en un máximo de 90 días. Si prospera, el caso es desestimado, y podría obligar a los demandantes a cubrir los gastos legales incurridos.
La Electronic Frontier Foundation (EFF), defensora durante más de tres décadas de los derechos de expresión en línea, aplaude esta iniciativa, destacando que una regulación federal firme crearía un entorno más seguro para el libre intercambio de ideas y la lucha por el cambio social. La EFF insta al Congreso a aprobar sin dilación la Ley de Protección a la Libertad de Expresión, un paso crucial hacia una menor censura y más equidad en el discurso público.
