El Gobierno de Madrid ha decidido presentar alegaciones ante la medida del Ejecutivo central de declarar la sede del Ejecutivo autonómico como Lugar de Memoria Democrática. La Administración madrileña considera que este paso vulnera sus competencias en la gestión del patrimonio histórico regional y representa un ataque a su autogobierno. Además, argumentan que desvirtúa el valor histórico real de un edificio de más de 250 años de antigüedad, que actualmente sirve como sede de la presidencia.
La polémica decisión fue publicada en el Boletín Oficial del Estado sin previo aviso a la administración regional, lo que desde Madrid consideran una falta de lealtad institucional. Cabe destacar que la Real Casa de Correos ya cuenta con la máxima protección patrimonial, al haber sido declarada Bien de Interés Cultural.
El informe alega que este edificio, situado en la emblemática Puerta del Sol, es fundamental en la historia moral y política de España. Construido durante el reinado de Carlos III, jugó un papel clave en el desarrollo institucional y cultural de la capital durante la Ilustración. En este período, se promovió un impulso reformista notable, con acciones como la creación de nuevas escuelas, reformas universitarias y la fundación de instituciones como la Academia de Ciencias Naturales.
A lo largo de los años, la Real Casa de Correos ha albergado importantes funciones gubernamentales. Durante el siglo XIX, fue sede de la Capitanía General y el Gobierno Militar. Más tarde, se convirtió en el Ministerio de la Gobernación y la Dirección General de Seguridad durante la dictadura. En este edificio, ocurrió el atentado de ETA en 1974, que dejó trece muertos y más de un centenar de heridos. En 1985, el entonces presidente Joaquín Leguina la convirtió en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
La administración madrileña subraya que cualquier cambio en la clasificación del edificio debería ser concertado conjuntamente, respetando lo que consideran el verdadero valor histórico y funcional del Palacio.
