El plan de paz presentado por Donald Trump y Benjamin Netanyahu supone un ultimátum a Hamás, proporcionando 72 horas para la entrega de rehenes a cambio de aceptar su rendición incondicional. Este plan carece de fechas claras y garantías sólidas, y no cuenta con el acuerdo de la parte palestina, que ni siquiera había recibido el texto antes de su difusión por la Casa Blanca. Las presiones sobre Hamás son evidentes, con amenazas de acciones unilaterales por parte de Israel, respaldadas por Trump, en un contexto de prolongado sufrimiento humanitario en Gaza tras casi dos años de conflicto y desplazamientos.

El plan detalla la creación de un gobierno supervisado por Trump y un enfoque económico de reconstrucción, sin la promesa de un Estado palestino. A pesar de mencionar el cese de la limpieza étnica y garantizar que los palestinos no serán forzados a abandonar Gaza, se mantiene el control israelí sobre una «zona de seguridad» y se deja la retirada en manos de condiciones israelíes. Las promesas de desarrollo económico parecen priorizar intereses de inversión más que soluciones efectivas para el conflicto. La propuesta no solo revive tensiones preexistentes, sino que plantea dudas sobre su viabilidad y la verdadera intención de implementarla de manera justa y equitativa.

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