En Rusia, el enfrentamiento por el control de las comunicaciones digitales ha alcanzado un nuevo nivel. En los últimos días, millones de usuarios se han visto afectados por restricciones en las llamadas de voz a través de WhatsApp y Telegram. Aunque los mensajes de texto permanecen intactos, esta medida podría presagiar un control más extenso en el futuro.
El Gobierno de Vladímir Putin está promoviendo plataformas nacionales y fortaleciendo su supervisión sobre el tráfico digital, en una estrategia que combina elementos políticos, de seguridad y geoestratégicos. Con más de 97,3 millones de usuarios mensuales en WhatsApp y 90,8 millones en Telegram, según Mediascope, estas restricciones impactan a más de 100 millones de personas.
La confrontación de Moscú con grandes tecnológicas extranjeras no es nueva. Desde la invasión de Ucrania en 2022, Rusia ha bloqueado diversas plataformas y sancionado compañías que no cumplen sus normativas sobre contenido y almacenamiento de datos. Ahora, la ofensiva contra WhatsApp y Telegram apunta a las herramientas básicas de comunicación para millones de ciudadanos y empresas.
Meta, propietaria de WhatsApp, ha enfatizado que el servicio es seguro, con cifrado de extremo a extremo, y que reivindica el derecho a una comunicación privada. Telegram también ha defendido sus esfuerzos por moderar el contenido dañino. El Kremlin, sin embargo, argumenta que las aplicaciones no cooperan en casos de fraude o terrorismo, viéndolas como una amenaza a la seguridad nacional.
Por ahora, las restricciones afectan solo a las llamadas de voz por IP, pero esta medida está generando un notable impacto en conectividad y servicios en regiones específicas como Krasnodar. Para muchas empresas, incluso una interrupción parcial puede traducirse en pérdidas significativas.
La estrategia rusa se asemeja al “Gran Cortafuegos” chino, impulsando plataformas nacionales bajo control estatal. Sin embargo, la principal alternativa rusa, VK Messenger, cuenta con solo 17,9 millones de usuarios mensuales, lo que representa un reto considerable para lograr la aceptación del público.
Este escenario en Rusia no es único. Otros países, como China, Irán y Turquía, también ejercen control sobre la comunicación digital. En cada caso, los gobiernos alegan razones de seguridad, mientras que organizaciones de derechos humanos denuncian censura y limitación de libertades.
Algunos analistas observan que, además de ser una medida política, la estrategia rusa busca prevenir el acceso de empresas extranjeras a información personal de la población en un contexto de rivalidad global. La enorme cantidad de datos personales en circulación en aplicaciones como WhatsApp y Telegram podría convertirse en una poderosa herramienta de inteligencia.
Rusia parece apostar por una táctica de desgaste, esperando que los usuarios migren voluntariamente a alternativas nacionales. Sin embargo, este enfoque podría aumentar el uso de VPNs y otras herramientas para eludir bloqueos, como ha sucedido en otros países con restricciones similares.
Las implicaciones de una posible retirada de WhatsApp y Telegram de Rusia son significativas, no solo para los usuarios sino para las plataformas mismas, que podrían perder una base importante de usuarios y contribuir a un internet fragmentado por fronteras geopolíticas. Para las empresas, este es un recordatorio crucial de la necesidad de diversificar sus canales de comunicación para mitigar riesgos políticos.
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