En el marco de una campaña que busca proteger a los consumidores de prácticas comerciales abusivas, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España ha iniciado un nuevo expediente sancionador contra una aerolínea de bajo coste. Bajo la dirección de Pablo Bustinduy, se trata del sexto procedimiento de este tipo, reafirmando la postura del gobierno contra cobros indebidos en servicios básicos para los pasajeros.
Este nuevo expediente surge en respuesta a prácticas controvertidas como cobrar por el transporte de equipaje de mano en cabina y exigir pagos adicionales para reservar asientos contiguos cuando se viaja con menores o personas dependientes. Además, las denuncias incluyen el uso de omisiones engañosas en la información y falta de transparencia en la publicación de precios, lo que dificulta la capacidad de los consumidores para comparar ofertas y tomar decisiones informadas.
Las sanciones potencialmente aplicables varían desde infracciones graves, con multas que podrían oscilar entre los 10.001 y 100.000 euros, a infracciones muy graves, que podrían conllevar sanciones de hasta un millón de euros. Estas medidas financieras se comparan también con el beneficio ilícito obtenido, amplificando así el impacto económico para las aerolíneas infractoras.
El fundamento legal para el procedimiento se apoya también en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2014, que prohíbe a las aerolíneas cobrar por el equipaje de mano, al considerarlo un componente esencial del transporte de pasajeros. Esta resolución fue respaldada posteriormente por el Parlamento Europeo.
España, en noviembre de 2024, se convirtió en pionera dentro de la Unión Europea al imponer sanciones por estas prácticas. El ministro Bustinduy formalizó multas que sumaron un total de 179 millones de euros, dirigidas a aerolíneas como Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea. Estas sanciones, catalogadas como muy graves, son actualmente objeto de recurso por parte de las aerolíneas afectadas.
La problemática ha trascendido fronteras y el 21 de mayo de 2025, 16 asociaciones de consumidores de 12 países de la UE presentaron denuncias similares. La BEUC, que aglutina a 44 asociaciones de 31 países europeos, elevó la denuncia a la Comisión Europea, solicitando una investigación exhaustiva sobre estas prácticas en todo el continente.
Este movimiento coordinado a nivel europeo subraya la persistencia de estas prácticas comerciales y el compromiso de varias naciones para garantizar la protección de los derechos de los consumidores. La situación sigue evolucionando, con las miradas puestas en las futuras decisiones de las autoridades comunitarias y nacionales.
Fuente: Ministerio de Consumo
