El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha lanzado fuertes críticas hacia ciertos grupos autoproclamados «salva patrias» en España, acusándolos de actuar al margen de la ley y de intentar convertirse en vigilantes. Estas declaraciones surgen en un contexto de creciente preocupación sobre el aumento de actividades extralegales por parte de organizaciones que, según el ministro, buscan imponer su propia versión de justicia, desafiando así las normativas establecidas y poniendo en riesgo la seguridad pública. Grande-Marlaska ha subrayado la importancia de preservar el estado de derecho y ha advertido sobre los peligros de permitir que individuos o colectivos actúen sin el debido respaldo legal.
Este fenómeno no solo ha captado la atención de las autoridades, sino que también ha generado un debate en la sociedad sobre los límites de la acción individual frente a las instituciones encargadas del orden. La respuesta gubernamental ha sido tajante, con un compromiso de endurecer las medidas contra aquellos que promuevan o participen en actividades vigilantes. Mientras tanto, el ministro ha instado a la ciudadanía a confiar en las fuerzas de seguridad oficiales, reforzando el mensaje de que el cumplimiento de la ley es una responsabilidad colectiva que no puede quedar en manos de grupos ajenos al aparato estatal.
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