El sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea, vigente desde principios de año, está llevando a las navieras a desviar sus rutas hacia puertos fuera del bloque para ahorrar en costes asociados a las emisiones de dióxido de carbono. España se muestra preocupada por las consecuencias económicas y ambientales de esta práctica y está presionando a la Comisión Europea para una revisión anticipada de la normativa. Durante el consejo de Transportes en Bruselas, el ministro Óscar Puente alertará sobre los riesgos de «fuga de carbono» y pérdida de competitividad portuaria. Además, se están desarrollando infraestructuras logísticas en Marruecos, lo cual podría competir directamente con los puertos españoles. Aunque los ingresos por derechos de emisión se están destinando a la descarbonización del sector marítimo, persisten serias inquietudes sobre los efectos no deseados de la normativa.
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