El Gobierno ha declarado un estado de excepción que se extenderá durante dos meses, argumentando que es necesario debido a los recientes bloqueos de carreteras y actos de violencia que han afectado al país. Esta medida busca restablecer el orden y garantizar la seguridad de la ciudadanía ante una escalada de hechos que han interrumpido el normal desarrollo de la vida diaria y el funcionamiento de los servicios esenciales. Las autoridades han manifestado su preocupación por la situación y han subrayado la necesidad de tomar decisiones firmes para proteger la estabilidad nacional.
Durante el periodo del estado de excepción, se prevé un aumento de la presencia de fuerzas de seguridad en las zonas más afectadas, así como la implementación de restricciones específicas que permitan controlar la situación. Organizaciones de derechos humanos han expresado su inquietud por las posibles implicaciones de estas restricciones y enfatizan la importancia de que se respeten las garantías fundamentales. El Gobierno, por su parte, ha asegurado que supervisará de cerca las acciones para mitigar cualquier abuso y promete revisar la situación conforme se desarrollen los acontecimientos.
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