El presidente ecuatoriano y candidato a la reelección, Daniel Noboa, ha decretado el estado de excepción en 12 provincias, incluida la capital, Quito, como respuesta a la creciente ola de violencia que azota al país. Esta medida, que tendrá una duración de 60 días, incluye la implementación de un toque de queda desde las diez de la noche hasta las cinco de la mañana, permitiendo únicamente manifestaciones pacíficas. Noboa ha intensificado la militarización del territorio en un contexto donde Ecuador se ha convertido en el país más violento de América Latina, con una tasa de homicidios alarmante que podría alcanzar este año los 48 homicidios por cada 100,000 habitantes. El deterioro de la seguridad pública es tal que en enero y febrero se registraron cifras récord de asesinatos, según Luis Carlos Córdova-Alarcón, experto en conflicto y violencia de la Universidad Central del Ecuador.
El aumento de la delincuencia, impulsado por las pandillas y el narcotráfico, ha convertido la violencia en el principal problema que enfrentan los ecuatorianos, superando incluso las preocupaciones económicas y la corrupción. Frente a este panorama, Noboa se posiciona como el candidato de la mano dura, prometiendo una lucha frontal contra el crimen organizado. Sin embargo, su principal opositora, la candidata izquierdista Luisa González, sostiene que para reducir la violencia es necesario abordar las causas subyacentes como la pobreza y la desigualdad. Este debate se da en vísperas de un proceso electoral en el que la seguridad ha tomado un papel central, evidenciando la urgencia de soluciones efectivas para frenar la espiral de violencia que amenaza la estabilidad del país.
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