El Tribunal Supremo se encuentra ante un caso insólito en el que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asume la posición de investigado en un proceso en el que se le atribuye la presunta filtración de correos electrónicos personales. En una jugada que ha dejado perplejos a muchos, García Ortiz ha optado por ejercer su derecho constitucional de no responder a las preguntas del juez y las acusaciones, limitándose a contestar únicamente a las interrogantes formuladas por su abogado. Este comportamiento, aunque contemplado en las leyes, resulta peculiar para alguien que, a lo largo de su trayectoria, ha estado acostumbrado a ser quien formula preguntas en situaciones similares.
Este giro inusual en la carrera del fiscal general resuena como un caso significativo en la actualidad judicial española, especialmente por el simbolismo que encierra. La negativa de García Ortiz a comentar más allá de su entorno legal destaca por su naturaleza contrastante con su rol habitual de interrogador. La situación plantea cuestionamientos sobre la aplicación de derechos constitucionales y la percepción pública de la transparencia y responsabilidad de figuras en puestos de poder, abriendo un debate sobre la naturaleza de la justicia y la ética en el ejercicio de cargos públicos de alta responsabilidad.
Leer noticia completa en 20minutos.
