El régimen de Daniel Ortega ha aprobado una reforma constitucional que elimina el derecho a la doble nacionalidad en Nicaragua, medida que ha generado gran controversia y preocupación entre la población. Esta modificación, que fue anunciada oficialmente durante una conmemoración del natalicio de Augusto C. Sandino, busca frenar supuestas injerencias extranjeras y ha sido presentada como una medida «antiimperialista». La Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, ha justificado la reforma afirmando que ningún ciudadano debe servir a dos patrias, aunque esto ha suscitado dudas sobre si la pérdida de nacionalidad se aplicará de manera retroactiva. Gustavo Porras, presidente de la Asamblea, ha asegurado que la regulación no afectará a quienes ya poseen doble ciudadanía, pero su promesa ha sido recibida con escepticismo, especialmente después de precedentes previos en los que el gobierno despojó de su nacionalidad a opositores políticos.

La reforma ha sido criticada como un retroceso que revive restricciones previamente abolidas y se interpreta como un intento de desincentivar y penalizar políticamente a la diáspora que huyó de la represión desde 2018. Para los críticos del régimen, esta medida complementa las acciones recientes del gobierno Ortega-Murillo, como la ley publicada en enero de 2024 que permite declarar «traidores a la patria» a aquellos que sean identificados como tales por el régimen. Al establecer esta nueva normativa, el gobierno busca cerrar filas contra sus detractores, permitiendo despojar de su nacionalidad a cualquier opositor bajo el pretexto de proteger la soberanía nacional. Este enfoque discrecional no solo afectará a quienes hayan adquirido una segunda nacionalidad, sino que también podría aplicarse a cualquiera que el régimen considere una amenaza, sumando así una herramienta más a su creciente arsenal de control estatal y represión política.

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