El reciente fallecimiento del senador y candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, tras un atentado en campaña, ha puesto en jaque los avances del proceso de paz con las FARC, desarmadas y convertidas en partido político desde 2016. Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, arquitectos de dicho proceso, han señalado que este hecho representa un golpe para los esfuerzos de desvincular la política de las armas en Colombia. Uribe, destacado opositor del Centro Democrático, fundado por Álvaro Uribe, fue un fuerte crítico del gobierno de Gustavo Petro. En medio del clima de incertidumbre, António Guterres, secretario general de la ONU, ha instado al gobierno colombiano a asegurar elecciones pacíficas en 2026, enfatizando la necesidad de proteger a todos los candidatos.
Los negociadores de paz insisten en que el acuerdo firmado incluía máximas garantías para el ejercicio político y la seguridad de la oposición. El asesinato de Uribe, atribuido posiblemente a la disidencia Segunda Marquetalia, resalta las críticas al enfoque de paz total de Petro. De la Calle y Jaramillo acusan al actual gobierno de no implementar adecuadamente el acuerdo de paz y de permitir que bandas y disidencias tomen protagonismo sin un marco legal claro. Además, urgen al gobierno a fortalecer el Sistema Integral de Seguridad para la oposición y mejorar las capacidades de inteligencia del Estado para evitar futuros ataques.
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