La reciente sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid fue escenario de un acalorado intercambio entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y Manuela Bergerot, sucesora de Mónica García al frente de Más Madrid. Bergerot acusó a Ayuso y su pareja, Alberto González Amador, de presuntos actos de corrupción relacionados con gastos personales desgravados ante Hacienda. En plena defensa, Ayuso rechazó las acusaciones, subrayando que ella es un «ciudadano más» que paga sus propios gastos de viaje y acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de mantener un «estado policial» enfocado en socavar su imagen pública.
La disputa se intensificó con Ayuso señalando el caso como un ataque político, afirmando que la «montaña de corrupción» del Ejecutivo nacional es tan grande que sus intentos de cubrirla resultan inútiles. Además, Ayuso aludió a los cargos contra su pareja como un intento deliberado del gobierno de desestabilizar a la oposición mediante la difusión de detalles fiscales privados. A su vez, Bergerot insistió en que las acusaciones evidencian un problema más profundo de elusión fiscal por parte de Ayuso y su pareja, prometiendo continuar con sus demandas de transparencia y rendición de cuentas mientras avivaba las críticas a la integridad del entorno personal y político de la presidenta madrileña.
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