El presidente y cofundador de Plus Ultra, Julio Miguel Martínez, se presentó ante la Comisión del Senado que investiga el rescate de la aerolínea en 2021, pero se negó a responder preguntas debido a que el caso está sujeto a una investigación judicial. Martínez, quien realizó una intervención previa, defendió la legitimidad del rescate, que incluyó un préstamo de 53 millones de euros otorgado por el fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas de la SEPI. Aseguró que el préstamo fue justificado por la condición de la aerolínea y explicó que el proceso fue supervisado por consultoras independientes como PwC y Deloitte, enfatizando que no hubo irregularidades ni trato de favor.

Además, Martínez rechazó las acusaciones que han surgido en relación a la gestión de Plus Ultra y su vínculo con la Operación Delorme. Remarcó la voluntad de la compañía de colaborar con las instituciones y el respeto hacia los procesos judiciales, al mismo tiempo que defendió la reputación de la empresa. Destacó la contribución de Plus Ultra al desarrollo económico y social, con un total de 114 millones de euros en pagos a la Seguridad Social, impuestos y la creación de empleo desde su rescate. Con más de 700 empleados, Martínez hizo hincapié en que la compañía «no es un instrumento político», sino una entidad que opera conforme a la ley y participa activamente en el mercado internacional.

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