El conflicto entre Nacho Cano y Lesly Ochoa, la bailarina mexicana que denunció al compositor por irregularidades en su contratación, se intensifica tras la reciente decisión de la Audiencia Provincial de Madrid. Aunque el tribunal archivó provisionalmente la causa contra Cano, Ochoa presentó una nueva denuncia por «detención ilegal» apoyada por grabaciones en vídeo. En respuesta, Cano ha iniciado una demanda de conciliación previa a una querella por injurias y calumnias, alegando que Ochoa ha difundido declaraciones falsas que dañan su reputación. El abogado de Ochoa argumenta que el archivo del caso no demuestra la inexistencia de delito, sino que no se ha investigado adecuadamente, solicitando así la reapertura del proceso.
Las acusaciones se centran en las condiciones laborales bajo las cuales Ochoa y otros becarios fueron contratados, sin los permisos legales necesarios y en condiciones precarias, según mensajes de WhatsApp y atestados policiales que señalan posibles delitos de favorecimiento de la inmigración irregular. Cano defiende su inocencia alegando una persecución político-policial debido a su vínculo con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ochoa sigue en la capital española como solicitante de asilo, insistiendo en el maltrato recibido. La polémica se mantiene mientras Cano busca resolver la situación mediante una acción legal que, de no prosperar, podría llevar el caso a los tribunales nuevamente.
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