La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado una preocupante situación respecto a la atención médica proporcionada por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), asegurando que las aseguradoras están suspendiendo y retrasando citas médicas, afectando a más de un millón y medio de funcionarios y sus familias. A pesar de las declaraciones del Gobierno encabezado por Sánchez y del ministro Óscar López, garantizando la continuidad del servicio, CSIF afirma que la realidad es diferente y ha solicitado la intervención del Defensor del Pueblo. La organización, liderada por Miguel Borra, ha señalado que la atención sanitaria está en riesgo, llegando incluso a registrarse retrasos en intervenciones quirúrgicas y pidiendo a los funcionarios que paguen de su bolsillo ciertos tratamientos.
El problema se agrava debido a la falta de acuerdo en la licitación del nuevo concierto entre el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y las aseguradoras Adeslas, DKV y Asisa. El Ministerio propuso un incremento del 14% en la prima, lo cual fue rechazado por las aseguradoras al considerarlo económicamente inviable. Ante esta situación, CSIF ha solicitado una reunión urgente con el ministro Óscar López, que aún no ha tenido lugar. El sindicato planea intensificar sus protestas, con acciones previstas en el Congreso de los Diputados y una concentración programada para exigir una solución inmediata a este conflicto que afecta al derecho fundamental de los funcionarios a recibir atención sanitaria adecuada. Mientras tanto, el sector público espera que el Gobierno tome medidas efectivas para resolver el estancamiento.
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