La proposición de ley presentada por el Gobierno español a finales de 2024 busca integrar a los profesionales liberales en el régimen de autónomos (RETA), lo que ha desatado una gran controversia en el ámbito económico. Este movimiento eliminaría la posibilidad de cotizar mediante mutualidades privadas a partir de 2027, afectando a miles de trabajadores del sector financiero y jurídico.
Las mutualidades de previsión social, que históricamente han ofrecido una alternativa al RETA, podrían desaparecer según el nuevo plan. Estas entidades privadas permitían a profesiones colegiadas como abogados y arquitectos gestionar su cotización de manera personalizada. Sin embargo, desde 2023, la obligatoriedad de cotizar el 80% de lo que se paga en el RETA ha reducido su atractivo.
La propuesta legislativa pretende homogeneizar la cotización en el sistema público, eliminando el acceso a mutualidades para nuevos colegiados a partir de 2027. Esto, según el Gobierno, busca la equidad entre trabajadores, pero las repercusiones económicas preocupan a muchos.
Desde una perspectiva financiera, se restringe la capacidad de planificación patrimonial a largo plazo, ya que se limita la gestión del porcentaje destinado a previsión social y la diversificación de activos. La medida es vista por muchos como una violación de la libertad financiera.
Fiscales y financieros advierten que la imposición del RETA con tipos efectivos superiores al 35% de los ingresos netos complica la planificación fiscal. Además, podría afectar el flujo de caja y la capacidad de ahorro privado, incrementando la dependencia del sistema público de pensiones.
Mientras el Gobierno argumenta que busca equidad contributiva, diversos sectores lo ven como un ajuste recaudatorio encubierto. Los autónomos bajo el nuevo sistema cotizan más, pero con prestaciones inferiores en muchos casos, lo que podría desincentivar a los que combinaban cotizaciones bajas con ahorro privado.
La oposición política, integrada por el Partido Popular, Vox y Junts, ha expresado su desacuerdo, defendiendo la libertad de elección. Además, organizaciones como Mutualistas por el Futuro han iniciado campañas legales para frenar la nueva normativa.
Ante el cambio inminente, los profesionales deben evaluar si permanecer en una mutualidad o pasar al RETA. Se recomienda una auditoría patrimonial considerando diversos factores económicos individuales y, en algunos casos, incrementar aportaciones a otros productos financieros antes de 2027.
Aunque la ley sigue en tramitación, el cambio de paradigma es evidente. En un contexto donde la sostenibilidad del sistema público es frágil, garantizar la libertad financiera debería ser una prioridad.
