Miles de personas se concentraron en diversas ciudades de España en una masiva movilización organizada por los sindicatos CCOO y UGT para exigir la protección de los derechos sociales y denunciar su uso político. Desde Madrid hasta las más de 60 ciudades donde se llevaron a cabo las protestas, trabajadores, pensionistas y colectivos vulnerables salieron a las calles para manifestar su rechazo a lo que consideran una instrumentalización de medidas que afectan a millones de ciudadanos.
En la capitana de la protesta en Madrid, figuras prominentes del sindicalismo español alzaron la voz. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, recalcó que «la sociedad no puede ser rehén de los intereses políticos», mientras que Unai Sordo de CCOO destacó la inadmisibilidad de utilizar los derechos sociales como baza de negociación partidista. Desde la cabecera, también se escucharon las palabras de Susana Huertas, recién elegida secretaria general de UGT Madrid, y Paloma López de CCOO de Madrid, insistiendo en que los sindicatos permanecerán atentos para impedir que los derechos de las personas más vulnerables se conviertan en moneda de cambio.
Las manifestaciones surgieron a raíz de la no convalidación del Real Decreto-Ley 9/2024 en el Congreso, que generó el desplome de medidas cruciales como la revalorización de las pensiones y el refuerzo del Ingreso Mínimo Vital. Aunque el Gobierno ha respondido aprobando un nuevo decreto que recupera parte de estas iniciativas, la presión sindical persiste para asegurar que no haya futuras tensiones que pongan en riesgo la estabilidad social.
Una campaña que busca evitar la fragmentación política de las medidas sociales ha sido, según los líderes sindicales, una táctica empleada por algunos grupos parlamentarios para facilitar su bloqueo. «No permitiremos que la derecha y la ultraderecha desmantelen el escudo social», sentenció Huertas, mientras Sordo aseguró que la calle ha sido determinante para que el nuevo decreto vea la luz, pero advirtió que no bajarán la guardia.
Las protestas contaron con el respaldo de organizaciones vecinales y plataformas sociales alarmadas por el deterioro de las condiciones de vida y el riesgo de que los derechos sociales sigan siendo utilizados como fichas en el ajedrez político. Los portavoces de estas asociaciones subrayaron el hartazgo social frente a estrategias políticas que priorizan el desgaste gubernamental por encima del bienestar ciudadano.
El nuevo Real Decreto-Ley 1/2025, aprobado por el Consejo de Ministros, incluye medidas como la revalorización de las pensiones, la prórroga de la moratoria antidesahucios y el refuerzo del Ingreso Mínimo Vital. Sin embargo, los sindicatos denuncian que quedan cuestiones pendientes, como la prórroga del Salario Mínimo Interprofesional y acciones en materia de vivienda, y enfatizan que su movilización continuará si no se garantizan estos derechos.
Las manifestaciones han dejado un mensaje claro: la protección de los derechos sociales no se negocia, y las voces de los ciudadanos se harán oír en las calles mientras exista el riesgo de que se conviertan en meras herramientas de presión política. La lucha sigue, y, según las asociaciones convocantes, no se detendrá hasta que estos derechos estén a salvo de intereses electorales.
Fuente: UGT Madrid
