La gestión de las residencias de mayores durante la pandemia de COVID-19 en la Comunidad de Madrid ha vuelto al centro del debate después de nuevas acusaciones sobre la responsabilidad de las autoridades regionales en las muertes ocurridas en estos centros. Las críticas se centran en la polémica implementación de protocolos sanitarios y decisiones administrativas que, según los detractores, habrían contribuido al elevado número de víctimas. En particular, se señala que las restricciones impuestas para derivar pacientes a hospitales y la falta de recursos adecuados en las residencias habrían agravado la situación, dejando a muchos ancianos sin la atención necesaria. Organizaciones de familiares y algunos grupos políticos han demandado aclaraciones y responsabilidades, solicitando que se reabran investigaciones para determinar la cadena de decisiones que se tomaron durante los momentos más críticos de la crisis sanitaria.
Desde la Comunidad de Madrid, las autoridades han defendido su actuación, afirmando que se actuó según las directrices establecidas en un contexto extraordinario y bajo la presión de una crisis sin precedentes. Insisten en que las decisiones se tomaron para proteger a la población más vulnerable, haciendo uso de los recursos disponibles en un momento de gran saturación sanitaria. No obstante, la polémica resurge en un contexto en el que familiares de afectados y organizaciones de derechos humanos continúan exigiendo más transparencia y lamentan la falta de un reconocimiento claro de posibles errores. Este renovado debate pone en evidencia las heridas aún abiertas y la necesidad de revisar las políticas públicas para evitar que tales tragedias se repitan en el futuro.
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